1. Falta de claridad en la elaboración y comunicación de los protocolos
La Ley Karin exige la creación de protocolos de prevención adaptados a la realidad de cada organización, los que deben incluir la identificación de riesgos psicosociales y medidas claras de acción. Por eso, contar con protocolos genéricos suele dificultar su aplicación. A esto se suma que la socialización de estos instrumentos pueda ser inadecuada o confusa, lo que genere desconocimiento y desconfianza.
Para superar este desafío es necesario diseñar protocolos específicos para el contexto de la empresa, integrando elementos como la perspectiva de género y considerando los riesgos particulares de cada área de trabajo.
Para su correcta difusión será necesario utilizar medios accesibles y efectivos para informar a los equipos, asegurando que todos los colaboradores comprendan su contenido.