Con la reciente entrada en vigencia de la Ley Karin, las organizaciones enfrentan un desafío urgente: cumplir con los plazos críticos para reportar y gestionar denuncias.
El incumplimiento de estos plazos, como el de presentar el informe de la investigación a la Inspección del Trabajo dentro de los 30 días posteriores a una denuncia, puede traer graves consecuencias legales y reputacionales.